miércoles, 19 de abril de 2017

ASÍ ESCRIBIERON LA HISTORIA LOS AYMARAS DE LA PROVINCIA LOS ANDES 1945-1948[1]



Artículo Publicado en el libro: Fernández Quisbert, Ramiro (2007)
 Resistencia indígena, poder local y desarrollo agropecuario en los Andes, CNHB, La
                                                                                              
  INTRODUCCION

Estudiar una realidad social fraccionada, siempre tiene un alto riesgo, puesto que podemos aislar nuestro objeto de estudio del contexto general en el que se halla inmerso. Por otra parte, estudiar el contexto general y hacer abstracción de las particularidades y singularidades, también nos puede llevar a muchos errores de interpretación.

En esta  investigación estudiamos al movimiento indígena y el poder local en el campo, tomando como objeto de estudio a la provincia Los Andes, una fracción geográfica, en el decurso de su proceso histórico ligado al proceso histórico nacional entre 1945 a 1950. Pero ¿por qué estudiar el proceso del poder en tan reducido espacio territorial, socio – económico, étnico – cultural? Justamente porque el poder no es una categoría abstracta, no sólo es en el palacio quemado, el palacio legislativo o el judicial, donde el poder se concretiza, el poder se halla en el despliegue de las fuerzas sociales, en el proceso de articulación de las relaciones económicas – sociales, en las redes que se tejen en las relaciones político – económicas y culturales; en las prácticas  sociales cotidianas.

En una Formación Social “abigarrada[2]” como la nuestra, donde el aparato estatal es débil y las clases dominantes fraccionadas, la lucha de clases, la lucha regional, la pugna local, asumen diversas determinaciones, de ellas surgen también diferentes maneras de ejercer el poder, distintos métodos de control social y resistencia.

Frente a este desenvolvimiento desigual y combinado de nuestro país, no podemos dejar de lado el estudio de las partes, de las fracciones geográficas, de las fracciones de poder; porque justamente, en ellas se halla la riqueza de lo diverso.

No ver esta realidad es perder toda perspectiva de hacer ciencia social, y más aun de generar un proyecto social que busque cambiar estas prácticas que se cristalizan en las estructuras institucionales.

No se puede ir contra la fuerza histórica; los procesos sociales sujetos al devenir, dejan huellas en su transcurrir y esas huellas se hallan implícitas en las prácticas sociales, lengua, gestos, expresión oral, memoria, lógica, alianzas familiares, arte, música.

Por esta razón, cuando nos ocupamos de estudiar las estrategias de poder en el campo tomamos en cuenta todos esos factores. No es solamente la población rural, que se dedica a la agropecuaria, no es el hombre productor; no es el propietario de una parcela, ni es el vendedor y comprador de las ferias y mercados, como lo conceptúa la óptica capitalista, el sujeto indígena-campesino es mucho más que eso, es un sujeto político, con filiación  étnica diversa, con memoria histórica; con códigos culturales ligados a los procesos productivos, con mitos y ritos, con una lógica andina que recrea las reciprocidades.

Lo que nos induce a estudiar al sujeto indígena-campesino lo más objetivamente posible, alejándonos de la apología sobredimensionada de los indianistas, el menosprecio con que fue tratado por las posiciones obreristas, trotskistas y Stalinistas, y del sujeto campesino “ciudadano abstracto” de los discursos nacionalistas.

Pero para estudiar la historia del sujeto indígena-campesino, como de otros sectores sociales, debemos preocuparnos de su entorno, de sus relaciones sociales, del circuito de relaciones de poder donde está inmerso, mirando hacia adentro y hacia fuera de sus prácticas, es decir de las relaciones con los vecinos de los pueblos, con las autoridades políticas, los partidos políticos, los comerciantes, los residentes en las ciudades y las instituciones, que los vinculan con el exterior.
  
En el presente estudio abordaremos algunas de las perspectivas mencionadas, tales como el proceso de organización  de los sindicatos campesinos en la provincia los Andes a partir del congreso indigenal de 1945 y la sublevaciones de Karapata y Tacanoque, como producto de la crisis del poder político en el campo, analizando la relación entre los colonos y las haciendas, las autoridades y los indígenas de las comunidades en los difíciles años del sexenio 1946-1952.  

LIBERALISMO Y PODER

El triunfo de los liberales en contra de los conservadores  en la guerra federal a fines del siglo XIX, había fortalecido la hegemonía de los hacendados en el campo. Pese a esta hegemonía los indígenas desarrollaron una resistencia armada y otra, jurídica. Muchas sublevaciones aisladas y otras, fruto de un arduo trabajo para generar un movimiento nacional, se dieron en los primeros 50 años del siglo XX. Baste recordar, las sublevaciones de Jesús de Machaca de 1921, de Chayanta de 1927, de Ayopaya, Karapata y Tacanoque de 1947. Una lucha jurídica a través de los Caciques apoderados de las comunidades, claro ejemplo de ello fue la persistente lucha del Cacique Santos Mark’atula apoderado de los indígenas del altiplano y Mariano Mamani de los valles del sur del departamento.

En la provincia los Andes en 1947 la situación política se tornó crítica a raíz de la sublevación de los colonos de las haciendas Karapata y Tacanoque, precipitando de manera contundente  la crisis de la hegemonía de los hacendados y el fortalecimiento del movimiento indígena-campesino  en la zona, poco antes de la reforma agraria de 1953.

Los efectos inmediatos que producen estas sublevaciones pese a su represión, son las migraciones permanentes de vecinos de los pueblos que se agudiza con la Reforma Agraria, al igual que la expulsión de los hacendados, aunque hay casos excepcionales donde ellos logran llegar a arreglos con los campesinos.

¿En qué consistió esta pérdida de hegemonía de los hacendados en la provincia Los Andes?

La crisis del poder de los latifundistas en la provincia se liga inevitablemente con la situación económica y política a nivel Nacional. La guerra del Chaco produjo dos efectos importantes; la incorporación de indígenas al ejército y las fuertes sublevaciones en 1933 y 1934[3]. Estos hechos resquebrajaron la estructura productiva de las haciendas, puesto que no contaban con mano de obra suficiente y  las sublevaciones destruían sembradíos y daban cuenta del ganado arruinando la producción.

Además, el sistema de intermediación  económica y  política  existente desde la época colonial, sufrió un serio deterioro. Las  relaciones entre patrones y colonos en las haciendas, caracterizadas por una fuerte carga de paternalismo, llegaron a su fin y más bien dieron paso a procesos de enfrentamiento violento, con las huelgas de brazos caídos y la toma de haciendas. Lo propio ocurriría con las comunidades y sus  relaciones con los corregidores, jilacatas y demás mandones.

A partir del siglo XIX, con la formación de los partidos políticos también se establecieron  relaciones clientelares entre actores  políticos e indígenas colonos o comunarios, así mismo, entre hacendados o vecino de los pueblos. Este sistema de Intermediación[4], legitimaba el poder económico y político, de las clases dominantes, puesto que aprovechando este tipo de relaciones es que se mantuvo en el poder la oligarquía.    

Esto sucedió en todo el periodo liberal, matizado por los enfrentamientos políticos entre republicanos, Saavedristas y Genuinos. Sin embargo, luego de la guerra de Chaco, particularmente en la década del 40, comienzan a intervenir mediadores de otros partidos tales como el MNR, los anarcosindicalistas  de la Federación Agraria Departamental, y los partidos marxistas (el PIR y el POR) creando nuevos tipos de intermediación, fruto de ello fue la sustitución de la organización del ayllu por el sindicato, organización típicamente obrera.

Por otra parte, se produjo  otro fenómeno, los excombatientes se organizaron en defensa de sus intereses sociales y comenzaron  a buscar situaciones de poder en los estamentos  burocráticos, cobrando  mayor vigencia, con los decretos del 15 de Mayo emitidos por el gobierno de Villarroel. Todos estos factores junto a las sublevaciones violentas, son los que perforan el poder local y la hegemonía de los latifundistas, aspecto que analizaremos a continuación.

En este contexto general, en 1943 ascendió al gobierno la alianza civil – militar representada por la logia militar RADEPA y el MNR recientemente formado. En su gestión de gobierno que duró hasta 1946, buscaron dinamizar el movimiento obrero, campesino y con esta finalidad impulsaron el primer Congreso Indigenal en Mayo de 1945, donde luego de las deliberaciones y las propuestas campesinas, el gobierno de Villarroel promulgó  Decretos el 15 de Mayo en su favor, en los que especificaba lo siguiente:
 
1.                  El trabajo de los colonos solo se debería emplear en el rubro agropecuario y no en otro.
2.                  La abolición del pongueaje.
3.                  La obligatoriedad de establecer escuelas rurales en las haciendas y en otras instituciones, en el curso de 60 días de promulgado el decreto.
4.                  La formación de una comisión que se dedique al estudio del código del trabajo agrario.

La sociedad rural Boliviana mostró su desacuerdo con los decretos de Mayo. En este marco de contradicciones se agudizaron los conflictos sociales que culminaron con el colgamiento de Villarroel  el 21 de Julio del 46. Las reacciones a estos acontecimientos luctuosos no se dejaron esperar en el campo y en respuesta a ello, se produjeron sublevaciones en todo el país extendiéndose las mismas hasta la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953.

En la década del 40 surgieron nuevas organizaciones sindicales en el campo a nivel nacional, en Mizque, Ayopaya, Morochata, Tapacarí  (Cochabamba), en el norte de Potosí, y en la Paz donde un 29 de diciembre de 1946, se dio la creación de la Federación Agraria Departamental (FAD) de filiación anarco-sindicalista ligada a la FOL lo que le permitió irradiar un proceso de organización sindical campesina a lo largo  de la geografía de las provincias paceñas[5].

Estas organizaciones  dieron fuerza a las movilizaciones indígenas-campesinas que se agudizaron a lo largo del sexenio, las mismas recurrieron a métodos diversos tales como: las marchas, frecuentes huelgas de brazos caídos, tomas de haciendas lo que terminaba en represión y confinamientos de los movilizados en el Chapare cochabambino.
Es bajo este contexto que se hizo esta investigación de caso en la provincia los Andes del departamento de La Paz.
 
EL CONGRESO NACIONAL INDIGENAL DE 1945 Y LA
 REBELION  CAMPESINA  DE CARAPATA Y TACANOQUE 

En la provincia Los Andes a lo largo del siglo XX, se desataron distintas sublevaciones, como también una lucha legal de los campesinos en contra de los hacendados que afectaron sus tierras comunarias y ante los abusos de los latifundistas, subprefectos, corregidores, curas y demás mandones.

La lucha legal de los caciques apoderados tuvo que enfrentarse repetidas veces contra la hegemonía de los latifundistas que ligados a las autoridades locales y nacionales frenaron sus demandas. Los campesinos recurrieron a medios violentos, principalmente a lo largo de la década  de los años treinta e incluso en plena guerra del Chaco. Los focos de sublevación se ubicaron en los distintos cantones de la provincia, en la Comunidad Catavi en Laja,  la finca de Peñas, en Quiripujio,Chililaya, Aygachi,Tambillo, Pucarani, Collocollo e Iquiaca[6].
Como afirma Danilo Paz:
“Hasta la guerra del Chaco, en realidad se puede decir que el movimiento campesino surge básicamente como una oposición a la expansión de la hacienda y en defensa de la comunidad indígena como tal, constituye una fuerza que impide su desarrollo más acelerado de la hacienda. En                        cambio los movimientos campesinos posteriores a la guerra del Chaco se ubicaron en la contradicción interna de la hacienda colono hacendado, tiene este sentido la lucha campesina manifiesta en la formación del primer sindicato en el valle y restituido en el 1er. Congreso Indigenal”[7]

Evidentemente esto sucedió también en la provincia Los Andes, la representación de los Caciques Apoderados parece haber entrado en crisis  estos años y paulatinamente se fue deteriorando, signo de esta situación es el siguiente caso. El 11 de Enero de 1939, se presentó en la Alcaldía de Pucarani,  Manuel Yujra, apoderado de toda la comunidad Chililaya (Puerto Pérez), con objeto de exponer denuncia formal contra los indígenas José Choque Cauna, que autonombrándose apoderado cometía exacciones a los comunarios[8]. El deterioro de esta instancia de defensa jurídica de las comunidades posiblemente se deslegitimizó, lo que querría decir, que la crisis de la red de apoderados, en ese momento, pudo haber sido utilizada como medio de extorsión a los mismos comunarios.

 Lo cierto es que con el retorno de los excombatientes de la Guerra del Chaco, el espectro social se alteró significativamente, muchos colonos en los primeros años de la década del 40, tomaron la iniciativa y liderazgo en las movilizaciones indígenas-campesinas y comenzaron a ofrecer resistencia a los trabajos de servicio personal, a la prestación vial y conscripción militar.

La resistencia de los colonos se manifestó con mayor fuerza en los años del gobierno de  Villarroel (1943 – 1946). Al conocerse los decretos del 15 de Mayo de 1945, los colonos de las distintas haciendas presentaron al Ministerio denuncias de  una serie de atropellos, de la misma manera las   autoridades aterrorizadas informaban de aprestos subversivos de los indígenas.

El 13 de Abril por ejemplo, los colonos de la hacienda Ticuyo propiedad  de Héctor Lorini, presentan un memorial donde sostenían que su patrón desde 1922, los ha sometido a un régimen de  esclavitud y explotación. Presentando en el documento un recuento de todos estos atropellos:

“El patrón nos exige el servicio de cinco pongos semaneros con las principales obligaciones.
a)   Uno de los pongos debe entregar al patrón semanalmente; dentro de cada turno semanero doce cargas de Taquia,  como obsequio obligatorio.
b)   Otro de los peones también semanalmente, debe reunir y entregar al patrón, 45 huevos comprados, a 0.2 cts. c/u.
c)   También los pongos deben pagar semanalmente 150.
d)   Las obligaciones de los pongos semaneros son múltiples y permanentes en servio del patrón”[9]

El mes de noviembre, el propietario H. Lorini, respondía a la prefectura, manifestando que sus colonos se niegan a efectuar la siembra y que en vez  de ello se dedican a celebrar en la Chacra, con alcohol y  pisco y además informa que los colonos atacaron la casa de Hacienda, salvándose de milagro su familia gracias a la caída de un fuerte granizo que no les permitió avanzar más. Los cabecillas de este intento de subversión, según Lorini fueron: Vicente Aruquipa, Pedro Quispe, Tomas Quispe y otros.[10]Pero como este caso hay muchos. En la Hacienda Copajira propiedad de Avelino Aramayo, en la hacienda Paxinaya de Francisco Coca, en la hacienda de Karavillke o Satatora, Ancocala, en la hacienda Oquetiti y en la hacienda de Viluyo en Laja donde el indígena Bruno Pocoma denunciaba que:

“El patrón de la hacienda José Manuel Cárdenas en contra de todos los colonos y particularmente mía,  ejercita atropellos incalificables /.../ no obstante conocer con disposiciones vigentes desde el 15  de mayo del pongueaje y mitanaje, no quiere dar cumplimiento en esto”[11].

Los problemas internos de las haciendas, no son los únicos en estos años, también podemos evidenciar problemas entre los mismos hacendados. Dos casos nos ilustran claramente sobre esta situación: El 26 de Septiembre de 1946, José Carballo denunciaba que los colonos de la finca Copajira de la señora Angélica Vda. De Aramayo, cometían atropellos contra sus similares y a la propiedad de Lacaya perteneciente a la tercera orden Franciscana, y además se los sindicaba de tener armas del Estado[12].

El 2 de Octubre de 1947, María Iturralde de Téllez denunciaba que el 29 de Septiembre, ocho indígenas de la finca Palcoco, habían sido víctimas de un atropello brutal de parte de los colonos de la finca de Corqueamaya, de un señor Lujan vecino de Pucarani. Los agresores portaban armas contundentes y eran más de cincuenta, pidiendo garantías para los colonos en Palcoco, puesto que obligadamente debían pasar por Corqueamaya porque tenían sus sembradíos y su zona de  pastoreo en la parte posterior de la comunidad[13].

Este mismo tipo de disputa violenta se presentaba entre las haciendas de Coana de propiedad de Israel  Ballivián y Chojasivi de Emma Ballivián de Valda, en la hacienda Cumana de Rosa de Clavijo, todas ellas en el cantón Aygachi.[14]

Este panorama conflictivo en la provincia, refleja lo que ocurría en todo el Altiplano Paceño y en todo el país. Para profundizar  en estas contradicciones internas analizaremos la sublevación de Karapata y Tacanoque, como antesala de la insurrección del 9 de Abril y la consiguiente reforma Agraria de 1953.
Mapa del Departamento de la Paz

Descripción: 10 i



LA SUBLEVACIÓN DE CARAPATA Y TACANOQUE

La sublevación de Karapata y Tacanoque ocurrida en la provincia los Andes, ha sido considerada como una de las más importantes de todo el país, junto a la de Ayopaya en 1947, por ello la estudiaron con detenimiento.

Aunque desconocemos el origen de la Hacienda Karapata, podemos sostener, que se consolidó  tardíamente casi a mediados del siglo XIX, en el proceso de expoliación de tierras comunarias, lo evidente es que se halla registrada en documentos de fines de esta centuria,  siendo parte del cantón Huarina, de la Provincia Omasuyos, a la que perteneció la provincia de Los Andes hasta 1917[15].

En 1947, los propietarios informaban que Karapata se hallaba ubicada a 70 Km. de la carretera de la ciudad de La Paz, a 4 Km. de Puerto Pérez (Chililaya), tenía como limítrofes, al norte la hacienda Patapatani del señor Samuel Guerrero, al este la hacienda Cachilaya de la señora Vélez  Otero, Cutusuma del Dr. Genaro Campos, al sud  la hacienda Tacanoque del Dr. Agustín Prieto y el pueblo de Aygachi. En Karapata  existía una población de 900 habitantes de los cuales 120 eran colonos.

En dicha hacienda luego de promulgado el D.S. del 15 de Mayo 1945 por el gobierno de Villarroel, se presentó una situación de malestar social, que será expresada en una serie de documentos enviados a la prefectura, tanto por los propietarios, como por los colonos.

Los colonos de la hacienda Karapata, al enterarse de las disposiciones emanadas del gobierno, solicitan al hacendado la creación de una escuela al interior de su propiedad. Por su parte Zenón Aliaga propietario de Karapata se niega a cumplir con tal requerimiento. Los colonos ante su negativa, proponen pagar al preceptor (profesor), cosa que también es  rechazada. Ante la presión de los colonos finalmente, Aliaga acepta la instalación de la escuela, pero gracias a sus relaciones con las autoridades, consigue que se nombre como preceptor a una persona de su conocimiento y confianza,[16] al señor David Salazar Portugal a quien nombra a la vez administrador de la propiedad. Los colonos advirtiendo un engaño en este  nombramiento  se resistieron ha aceptar   a Salazar por conocer sus antecedentes y considerarlo un explotador.

Ante la negativa, el patrón Zenón Aliaga, el 25 de Julio de 1945 presenta denuncia formal contra los colonos Francisco Quispe Yujra, Mauricio Quispe, Esteban Quispe, Feliciano Condori, Hilario Condori Yujra, Emilio Yujra y Valentín Ponce, Calixto Quispe y otros por ser instigadores para que los demás colonos fieles al patrón los sigan. Por su parte los colonos fieles al patrón declaran que los instigadores piden “ramas” o contribuciones, con el fin de obtener la finca.

En estas denuncias  el patrón, culpa al corregidor de Aygachi, como azusador de los indígenas, ya que el realiza reuniones con ellos, sacándolos incluso del trabajo. El conflicto se agudiza  el mes de septiembre, el día 5 de este mes el patrón presenta la siguiente denuncia:
            “. . . los colonos de esta propiedad se han declarado en un
            franco  estado de huelga de brazos caídos, ejercitando el
            sabotaje y dejando de cumplir  las obligaciones inherentes a
            todo colono. .”[17]

Además de ello informa que solicitó una comisión para que observe el caso, esta solicitud es aceptada por las autoridades  y al siguiente día  se presenta en la hacienda una comisión conformada por el Intendente Hugo Valdéz, el teniente carabinero Humberto Bilbao la vieja y un carabinero de apellido  Callizaya, esto con el fin de que, les expliquen en su propio idioma a los colonos, los alcances del D.S. del 15 de Mayo.

 Pero al arribo de la comisión  a Karapata, los indígenas se hallaban en Cabildo abierto, en el local de la escuela de Batallas, bajo la presidencia del preceptor Ayala. Los miembros de  dicha comisión llegaron al lugar, pero fueron recibidos con insultos, hasta ultrajes, saliendo herido el carabinero Callizaya, puesto que los indígenas, según denuncia de estos funcionarios, estaban bebiendo.

Luego de recibir esta información, el prefecto del  departamento manda a capturar a los cabecillas de esta agresión, en este caso al profesor  Ayala de Batallas, y a los indígenas; Francisco, Mauricio, Gregorio, Calixto Quispe, Santos e Hilario Yujra, para seguirles sumario criminal.

En el sumario criminal que se realizó el 7 de septiembre declaran los detenidos, ante el juez. El profesor sostiene que los indígenas[18]de Karapata le pidieron en una ocasión que los apoyara en la creación de la escuela, petición  a la que él accedió, aunque vio la clara oposición de David Salazar, el administrador   y  de Aliaga el patrón de la finca. Respecto a los sucesos del 5 de septiembre sostiene  que él no instigó a nada y que más bien trató de apaciguar los ánimos, ya que repentinamente la comisión llegó a  punta de disparos de fusil y en estado de ebriedad, ultrajando a los indígenas, aclarando que era evidente que en el lugar había otros que de igual manera se hallaban borrachos y que se abalanzaron  sobre ellos e hirieron al carabinero. Todos estos argumentos son respaldados por los indígenas en sus declaraciones agregando uno de ellos, Hilarión Yujra lo siguiente:

“Los motivos para que exista resistencia hacia el patrón, han sido por que él no quiso que se creara una escuela para alfabetización de nuestros hijos”.[19]        

Luego de las declaraciones, el resultado del dictamen favorece al patrón,  convulsionando la hacienda al grado tal que el 8 de Septiembre el Sub – jefe de policía informa a la prefectura que los propietarios, los hermanos Aliaga, tuvieron que abandonar  la hacienda Karapata por temor a represalias.

Los siguientes meses los hermanos Aliaga, mandan cartas a los ministros buscando restablecer su situación y castigar a los indígenas, en ellas hacen alusión a que los colonos inventan que esas tierras son sus tierras desde la colonia, a lo que los colonos responden:

“El Ayllu, Karapata pertenecía a Huarina y se halla registrado en documentos de 1571, 1658, 1718, 1738, piden testimonio a los hermanos Aliaga  y esos   tienen que citar suscritos por toda la indiada de Karapata[20].  

Luego del colgamiento de Villarroel, los latifundistas Aliaga presentan con mayor fuerza sus argumentos sindicando al MNR, como el principal instigador de los colonos, pues les venden carnet de militantes.

“Toda la peonada de nuestra hacienda, se encuentra legalmente  inscrita en el registro del MNR, ya que todos ellos tienen carnet del partido   como  consta en el registro político del MNR que ha sido publicada en  fecha 9 de Agosto de 1946, en la edición del vespertino      “Ultima Hora”[21]

Desde el 8 de septiembre de 1945  hasta fin de año los colonos, se hacen cargo de la hacienda evitando incluso que el patrón entre a la misma. Este hecho da pie a que a los indígenas vayan estructurando una organización sindical sólida, la misma que se pone en vigencia el 11 de Noviembre de 1946, denominándose, Unión Sindical de Labriegos de Aygachi, ligándose luego, con la reciente creada (19 de diciembre) Federación Agraria Departamental de La Paz, constituyéndose en uno de los primeros del altiplano norte paceño.[22]

La Sociedad Rural Boliviana, ante el surgimiento de estas organizaciones y los conflictos suscitados en el agro, pedían que se envíen fuerzas de represión para frenar este avance, ante lo cual estalló una sublevación de grandes proporciones.

El día 8 de enero de 1947, según Barcelli, se reunían en un punto cercano a Pucarani 200 Caciques que decidieron solicitar a las autoridades su sindicalización[23], aunque la documentación no menciona a estos caciques que los días 9, 10, 11,  movilizaron a los indígenas de Kaparata y Chojnacollo, en grandes proporciones. El alcalde de Puerto Pérez, sostiene que esta situación es generalizada en los otros cantones que unos 1000 indios provistos de armas de fuego, ondas y palos, habían asaltado a algunos comerciantes y viajeros, y otros 4000 campesinos armados se disponían a atacar a las poblaciones de Puerto Pérez, Pucarani y Aygachi[24] 

El principal foco conflictivo fue sin duda Karapata. Por eso el día 12  de enero, de Pucarani sale una patrulla a reprimir a los alzados, ante su presencia, los campesinos emprenden la fuga, pero son apresados 20 de ellos, luego son liberados sin mayores consecuencias. Sin embargo, son hallados documentos del sindicato de Aygachi, donde plantean a las autoridades lo siguiente:

               Primero:   Que se funden escuelas para la
                               culturización de la clase  indígena.
               Segundo:   Que se autorice la organización de
                                Sindicatos de labradores se les reconozca
                                 Personería jurídica.
               Tercero:     Que se los proteja contra los abusos de
                                  determinados patrones.          

Luego de estos hechos parece reinar tranquilidad en el altiplano Norte, sin embargo, se presentan otros casos en la provincia Pacajes, en Aroma y se hacen generalizados en todo el país, los primeros seis meses de 1947.

En La Paz el 4 de febrero, La Federación Agraria Departamental emite un manifiesto[25] donde denuncia todos los abusos y su disposición a luchar contra ellos, aclarando lo siguiente:
“no somos un partido político, sino una organización sindical, que nada tiene que ver con los nací fascistas, piristas, falangistas y otros que basados en doctrinas Socialistas de tipo dictatorial que echan la mano a Organizaciones obreros, y aprovechando su ingenuidad  en beneficio de sus intereses políticos.[26]
En este mismo documento menciona a quienes participan de su organización:

“ Labriegos del cantón Topohoco, labriegos del cantón Caquiaviri, labriegos del cantón San Pedro, labriegos del cantón Ahigachi, labriegos del cantón Cucuta, labriegos de la provincia Los Andes  y labriegos del cantón Araca”

Como se comprueba aquí; los campesinos pese a tener ciertas vinculaciones con el MNR; se organizan alrededor  de la federación anarquista, ligada a la FOL – En la provincia Los Andes, encontramos la existencia del sindicato de Aygachi y de Laja, esto también se demostrará en hechos posteriores.

El 1ro. de Junio de 1947, los hermanos Aliaga propietarios de la hacienda Karapata entregan la propiedad en calidad de transferencia, a un tercero, con la finalidad de aislarse del problema, pero más bien lo profundiza, porque  ante esta nueva situación, se inicia una nueva sublevación de los colonos de Karapata esta vez  junto a los colonos de Pantani y Esquivel. El 3 de junio avanzan hasta la hacienda  Tacanoque, y victiman a su propietario el Dr. Agustín Pietro y a su sobrina Ana Vilela. Las investigaciones de estos hechos acusan a los indígenas Esteban Quispe y a Antonio Yujra como cabecillas de esta sublevación. Esteban Quispe Yujra, como se desprende de las declaraciones, en estos luctuosos acontecimientos vestía uniforme militar y se hacía llamar  “General”.

Los hechos de Karapata y Tacanoque, repercutieron en el ámbito nacional, la Sociedad Rural Boliviana, repudió enérgicamente los hechos y en el entierro de Prieto solicitando al gobierno ser enérgicos en la aplicación de la ley. La Unión Cívica Femenina organizó una marcha de protesta que contó con 10.000 personas en las calles paceñas. De todos los hechos se le inculpó a la FOL, por ello el 8 de Junio se ordenó el desplazamiento de Fuerzas Armadas a la provincia Los Andes a capturar a los culpables, en estos hechos se produjeron muchas arbitrariedades contra los indígenas -campesinos, siendo capturados varios de ellos.

A mediados de Junio, se inició un juicio criminal contra los alzados, de las declaraciones se desprende la siguiente relación:
“ El General Esteban Quispe Yujra, no niega su participación, pero dice que fue una equivocación por que lo que ellos buscaban era la sindicalización y la fundación de escuelas, por su parte Antonio Yujra declara que el “ General había impartido órdenes de atacar a las Haciendas de Karapata, Cachilaya, Cutusuma, Pantuni, Esquivel, Chojasini y Cuyawanay que Simón Zurita, Modesto Escobar y N. Escobar eran miembros de la FOL y que Marcelino Quispe Yujra Era secretario general del Sindicato Agrario Departamental” [27]

Luego del juicio criminal, son sentenciados 204 indígenas, habiéndose fugado otros y se los confina en la zona tropical de Ichilo en el departamento de Santa Cruz, junto a otros que intentaban rescatar a los prisioneros de la cárcel de la calle Murillo, llegando a 270 los confinados según listas presentadas en el juicio[28].

En la hacienda Karapata como represalia se echa del lugar a las familias de los sublevados y son demolidas sus casas, a fines de 1948, siendo este año  la culminación de todo un ciclo de hechos, suscitados desde la década de los treinta y no es atribución particular de la organización sindical que fue una forma organizativa más, para canalizar la lucha del movimiento campesino de la Provincia Los Andes.

Sin embargo; su conexión con los hechos ocurridos a lo largo de la década del 40 es indudable, su ligazón con el movimiento obrero organizado en la FOL, con la organización de los mineros que haciendo suya la tesis de Pulacayo a lo largo del sexenio se constituyen en la clara vanguardia de los movimientos sociales que culminan con la insurrección del 9 de Abril de 1952.[29]

CONCLUSIONES

La sublevación de Karapata y Tacanoque, sin duda es fruto de la crisis del modelo de la hacienda feudal que sometía a la mano de obra de los colonos indígenas. Así mismo, el surgimiento de los sindicatos indígenas-campesinos, parece ser parte de una crisis de legitimidad de la red de Caciques apoderados  que a lo largo de la mitad del siglo XIX y parte del XX, representaron a las comunidades indígenas, aunque es lógico suponer que esta forma de defensa continuó varios años, lo evidente es que el proceso de organización sindical surgido en las haciendas cobró mayor vigencia cuestionando en la práctica la misma vigencia de la organización del ayllu andino, pero este tema es parte de otra investigación que se debe realizar pues tenemos que visibilizar esta problemática a través de los procesos de organización de las comunidades adoptando patrones occidentales en las formas de elección de los líderes sustituyendo en muchos casos a las autoridades de las comunidades.













FUENTES
ALP. Correspondencia prefectura de La Paz
ALP  Expedientes de la prefectura
BIBLIOGRAFIA
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Arze Aguirre, René. Guerra y conflictos sociales: El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco, CERES, La Paz, 1987.
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ROMERO,Hugo. Los sindicatos campesinos de Bolivia: estudios de los orígenes y desarrollo de una forma de asociación campesina y una sociedad                                                                      campesina en una sociedad combinada, (Mimeografiado) La Paz, 1970.



[1] Este trabajo se comenzó a escribir con el apoyo de Qhana en 1990, el autor fue parte circunstancial del equipo de capacitación sindical de esta institución, en el Centro de Capacitación de Corqueamaya, provincia los Andes.
[2] Concepto acuñado por René Zavaleta Mercado para interpretar a la sociedad boliviana.
[3] Véase, René Arze Aguirre. Guerra y conflictos sociales: El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco, CERES, La Paz, 1987.

[4] Dandler sostiene lo siguiente respecto a  la intermediación :
“Básicamente éste fenómeno consiste en un contrato mutuo entre dos partes de posición social desigual en el cual la persona de mayor prestigio social dispensa protección a cambio de apoyo político, lealtad o servicios proporcionales por la persona de menor rango” Jorge Dandler, “El congreso Nacional Indígena 1945  y la    Rebelión campesina de Ayopaya 1947”en: Sindicalismo campesino en Bolivia, CERES. México 1989, p. 9

[5] Hugo Romero. Los sindicatos campesinos de Bolivia; estudios de los orígenes y desarrollo de una forma de asociación campesina y una sociedad campesina en una sociedad combinada (Mimeografiado) La Paz, 1970. p.12.

[6] Véase  René Arze Aguirre. Guerra y conflictos sociales: El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco, CERES, La Paz, 1987.
[7] Danilo Paz Ballivián, Estructuras agrarias en Bolivia,  Ed. Popular                                                                     La Paz 1983. p.2.
[8] ALP CP provincia Los Andes 1939, denuncia presentada a la prefectura, por el apoderado de Chililaya
[9] ALP. EP. ¨Prov. Los Andes 1945, Memorial presentado al Ministro de gobierno por los colonos de Ticuyo
[10]. ALP EP. Prov. Los Andes 1945, Memorial presentado al ministro de gobierno por los colonos de Ticayo
[11]ALP EP. Prov. Los Andes 1945, denuncia del indígena Bruno Pacoma de la hacienda Viluyo de Laja.
[12] ALP EP. Prov., Los Andes 1946, Payta denuncia de José Carbalho  encargado de la Hacienda Lacaya
[13] ALP EP. Prov. Los Andes 1947, denuncia de María Cristina Iturralde propietaria de la hacienda Palcoco.

[14] ALP EP. Prov. Los Andes 1947, denuncias de Israel Ballivián contra Emma Ballivián y Rosa de Clavijo,   respuestas de los propietarios y contra denuncias Marzo de 1947. 
[15]  ALP. PR. Provincia Omasuyos, 1894.
[16] ALP EP Prov. Los Andes 1945, oficio de los propietarios hermanos Aliaga la sociedad rural Boliviana.
[17] ALP EP Prov. Los Andes 1945, oficio de los propietarios hermanos Aliaga la sociedad rural Boliviana.
[18]    ALP EP. Prov. Los Andes 1945, denuncia del hacendado Zenón Aliaga, contra 20 colonos y declaraciones de los colonos allegados a él.

[19] ÁLP EP. Prov. Los Andes 1945, denuncia de Zenón Aliaga en contra de sus colonos de la hacienda Karapata, versión ratificada por el teniente Bilbao. La vieja en su informe a sus superiores.
[20] ALP EP Prov. Los Andes 1945, declaraciones de Rigoberto Ayala Clavijo y el colono Hilario Yujra.

[21]  ALP EP Prov. Los Andes 1945, informe del sub – jefe de policía desmintiendo la acusación contra los   colonos de Karapata; ALP EP Prov. Los Andes, 1947, carta a la Sociedad Rural Boliviana, enviada por los hermanos Aliaga.


[23] Agustín  Barcelli. 50 años de luchas sindicales en Bolivia, 1958,
p. 195
[24] Hugo Romero. Los sindicatos campesinos de Bolivia; estudios de los orígenes y desarrollo de una forma de asociación campesina y una sociedad campesina en una sociedad combinada
( Mimeografiado) La Paz, 1970. p.12.

[25] ALP EP. Prov. Los Andes 1947,  Manifiesto de la Federación Agraria Departamental de La Paz, adherida a la Federación local, se dirige al campesinado y a los trabajadores en general. 
[26] Esto es también reconocido por Xavier Albo, que sostiene lo siguiente:
    “En la provincia Los Andes, en esta área (Pucarani y Peñas),  surgió uno de los primeros sindicatos campesinos en la época de  Villarroel”, p. 15, Véase de Xavier Albo...50 años de luchas campesinas en Achacachi, CIPCA 1978.
[27]  Hugo  Romero, Los sindicatos, Op. cit., p.33.  
[28] Lista de los confinados del levantamiento de Karapata y Tacanoque.
[29] ALP EP. Prov. Manifiesto de la Federación Agraria Departamental de La Paz adherida a     la Federación local, se dirige al campesinado y a los trabajadores en general. 

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